El Ministerio del Interior ha ampliado hasta el 2 de diciembre el plazo para que hoteles, plataformas como Airbnb y empresas de alquiler de vehículos cumplan con las exigencias del Real Decreto 933/2021. Este decreto obliga a las entidades a registrar 28 nuevos datos personales de los viajeros, incluyendo información detallada como la residencia habitual, medios de pago y datos del contrato de alojamiento.
La ampliación de datos personales requeridos ha abierto un debate sobre el equilibrio entre la seguridad y la privacidad de los clientes. El aumento significativo de la información solicitada, como datos de tarjetas de crédito, plantea riesgos en cuanto a la protección de datos, con la obligación de cumplir con la normativa PCI DSS y estándares de seguridad para evitar posibles filtraciones. El nuevo registro tiene un encaje dudoso con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ya que no se garantiza el principio de minimización.
La seguridad del almacenamiento de estos datos también es clave, por lo que se insta a las empresas del sector a implementar medidas estrictas para proteger la información de sus clientes y evitar riesgos de seguridad digital.
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