Airbnb se ha convertido en la principal plataforma para alquiler de pisos y casas turísticas. Ello implica que todas las personas y empresas que alquilan sus inmuebles para estos usos, hacen las gestiones de forma digital y solicitan todo tipo de documentación.
Por ejemplo, en el trámite para recoger las llaves, en el formulario previo a la llegada se suelen solicitar datos acerca del correo electrónico, número de teléfono y dirección, pero a veces hay algunas peticiones más, como la de la fotografía del DNI por las dos caras y un «selfie» de todas las personas que van a viajar. Esto último ha sido considerado una práctica desproporcionada que ya ha recibido sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En concreto, recientemente se ha sancionado a la empresa Marketing Accommodation Solutions FZ con 75.000 euros por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al pedir este tipo de datos para el «check in».
El DNI, como hemos destacado recientemente desde AYS Innova, es un dato especialmente sensible que puede ser utilizado en suplantaciones de identidad, por lo que debemos tener mucho cuidado de la forma y a quien lo facilitamos. Es por ello que la AEPD ha venido considerando que este tipo de peticiones son excesivas (incumplimiento de los artículos 5.1 c) y 13 del RGPD).
Concretamente, en este caso la empresa alegó que solicitaba los datos para cumplir con la normativa autonómica, que le obligaba a enviar esos datos al registro de viajeros, pero la AEPD confirmó que la fotografía del DNI y la foto no se encuentran entre la información obligada a facilitar a la policía, sino que sólo es necesario el número y tipo de documento de identidad, así como la fecha de expedición, nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, número de teléfono, días previstos de estancia y fecha de entrada, y domicilio de los huéspedes.
Junto a ello, la Agencia de Protección de Datos de Irlanda también ha dictaminado este mismo mes que la solicitud de copia de DNI para para ejercitar el derecho de acceso constituye infracción del principio de minimización, además de no poderse aplicar el interés legítimo para ello. Se aconseja revisar los procedimientos de identificación y atenerse a la solicitud de los datos estrictamente necesarios, con lo que se refuerza la protección del DNI.
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