Las empresas no pueden solicitar antecedentes penales en un proceso de selección, salvo en situaciones excepcionales establecidas por la ley. Un ejemplo concreto es el trabajo con menores, donde la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor exige verificar que los candidatos no tengan antecedentes relacionados con delitos sexuales, para garantizar la seguridad de los niños. Otro ejemplo es el personal que accede a zonas de seguridad en aviación civil, donde se requiere comprobar los antecedentes como parte de las normas de seguridad.
Además, en el ámbito financiero, las entidades que previenen el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pueden solicitar antecedentes penales para asegurar la idoneidad de los empleados. Estas excepciones están claramente definidas y se aplican únicamente en circunstancias que lo justifican, siempre bajo el amparo de la ley y con las debidas garantías para proteger la privacidad de los individuos.
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