Dada la rápida expansión del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), muchas Administraciones públicas han cambiado de estrategia. En estos momentos, los planes de prevención están siendo sustituidos por los de contención. Para ello, se están barajando propuestas de geolocalización que nos recuerdan a las llevadas a cabo por las autoridades chinas en la provincia de Hubei, lugar de eclosión de la pandemia vírica. No obstante, la normativa europea sobre privacidad tiene una base jurídica tan protectora, que obliga a que las decisiones que se tomen para el rastreo de los ciudadanos tengan un fundamento de interés público, como es la salud pública.
China ha usado diferentes métodos de control de la población, entre los que incluye el confinamiento. No obstante, la medida más llamativa ha sido el uso del Big Data. El Gobierno chino ha implantado, desde hace semanas un sistema de códigos «semáforo», que aparecen en el smartphone de los ciudadanos. Cada persona debe escanear un código QR para entrar al trabajo; a los supermercados; a los restaurantes, o a las urbanizaciones; mostrando a las autoridades su código, que puede ser de color verde (sin peligro); naranja (para los que visitaran zonas sin riesgo los últimos 14 días), o rojo (el ciudadano debe permanecer en cuarentena).
De esta manera, el sistema cruza datos entre los ministerios de Sanidad, Transporte, y de la policía, controlando el movimiento de la población, y denegando el desplazamiento en caso de que en el círculo cercano de una persona haya habido un caso infectado o sospechoso. Todo ello, además de medir y reportar la temperatura a determinadas horas, o en determinazos accesos (como el metro).
Un camino similar ha seguido Corea del Sur, sólo que ha procurado garantizar una mayor transparencia de los datos, alertando a los habitantes de distritos o localidades cuando se ha detectado un caso en su zona (y con información detallada de por dónde se ha movido el contagiado). Así, además de la prohibición de eventos, del cierre de locales, y de análisis masivos, Corea del Sur ha tratado de apoyarse tecnológicamente en aplicaciones móviles para hacer un seguimiento de los síntomas, y para localizar a ciudadanos que podrían progpagar el COVID-19.
Para ello, el Gobierno surcoreano ha hecho uso, principalmente, de dos aplicaciones. Una de obligada instalación para los que llegan a Corea del Sur desde zonas de riesgo (con un test de diagnóstico), y otra que monitoriza a los ciudadanos y alerta a los funcionarios, en caso de que alguien en cuarentena salga de su zona de aislamiento.
En el caso de Europa, la reciente y rápida propagación del COVID-19 está obligando a los Gobiernos europeos a tomar medidas drásticas. Además del confinamiento de personas, toda actividad no esencial se ha paralizado. Y ya hay muchas voces que reclaman un mayor control de los desplazamientos ciudadanos, con la adopción de medidas tecnológicas como las de China o Corea del Sur.
De hecho, las principales empresas de telecomunicaciones de España ya se están ofreciendo al Gobierno para controlar los movimientos de las personas en cuarentena. Incluso algunas comunidades autónomas han sacado sus propias aplicaciones, como «CoronaApp», en la Comunidad de Madrid. Estas aplicaciones, que buscan asegurar la cuarentena, y evitar contagios, no son totalmente efectivas, aseguran varios expertos. Al parecer, no existe un control adecuado de los datos.
Obviando que la salud pública debe ser garantizada, esta recopilación masiva de información no está bien planteada, pues no es precisa, ya que, una vez la app contacta con personas que han estado en contacto con un infectado (cuyos datos se hacen públicos), esas personas ya habrán podido contagiar a otras; y estas, a su vez, a otras (que no tengan dicha app). Aquí, el uso de la inteligencia artificial para anticiparse a determinadas situaciones, se torna imprescindible.
Autoridades, sanitarios y profesionales tecnológicos son conscientes de la necesidad de respetar la cuarentena general para resultados rápidos, y a gran escala; desarrollando unas aplicaciones de seguimiento que puedan ser efectivas en los focos localizados de contagio, como ha sucedido, por ejemplo, en China. Todo ello, respetando, en la medida de lo posible, la privacidad de los pacientes.
Esto, a nivel gubernamental, en base a un motivo de interés público general (excepcional). A nivel empresarial, recuerde que si tiene pensado establecer un sistema de geolocalización para sus empleados debe alegar un interés legítimo; siendo el medio idóneo, necesario y proporcional, e informando adecuadamente a los trabajadores.
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Legislación vigente:
Europea.
– RGPD [Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)].
– Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)
Nacional (España).
– Constitución Española, de 31 de octubre de 1978. Boletín Oficial del Estado n.º 311. (Artículo 18).
– LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales).
