El Gobierno de España acaba de aprobar el Real Decreto 695/2022, por el que se establecen medidas para el control del bienestar de los animales en los mataderos mediante la instalación de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales, SVBA.
Esta norma centra su exposición de motivos en el bienestar animal. Hemos de recordar que la reciente modificación del Código Civil declara a los animales como «seres vivos dotados de sensibilidad». Así, la preocupación creciente por unas condiciones de vida digna para los animales ha llevado a la adopción de una serie de medidas concretas. Entre ellas, obligación de instalar videocámaras en los establecimientos de sacrificio (mataderos), para garantizar las condiciones de los animales en el momento del sacrificio y la seguridad laboral. Una medida exigible desde 24 de agosto de 2023.
A la hora de aplicar esta normativa habrá que tener en cuenta la intimidad de los trabajadores que van a ser grabados. Por ello, la propia norma contempla en el artículo 3.5 que el responsable del matadero debe informar por escrito, con carácter previo y de forma expresa, clara y concisa, a las personas trabajadoras y, en su caso, a sus representantes; dando cumplimiento a la legislación de protección de datos personales.
La instalación de estas cámaras de grabación deberán cumplir con una serie de condiciones:
- En concreto, deberán grabar las zonas donde se encuentren animales vivos incluyendo las zonas de descarga, los pasillos de conducción, y las zonas donde se proceda a las actividades de aturdimiento y sangrado hasta la muerte de los animales (no zona de espera hasta descarga).
- No se instalarán en lugares destinados al descanso o esparcimiento, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.
- No se grabarán sonidos.
También se obliga a disponer de un plano con la ubicación de todas las cámaras y con su identificación, así como un registro de los incumplimientos detectados.
Las grabaciones se conservarán durante 1 mes , salvo que fueran necesarias para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
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