El Boletín Oficial del Estado publicó el sábado, día 28 de marzo, la Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones a través de aplicaciones de control de teléfonos móviles para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta ha sido una de las primeras decisiones legales de cara a una posible generalización de la geolocalización de la población para controlar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). De hecho, el Gobierno ya se plantea obligar a los ciudadanos a descargar una aplicación que permita controlar sus movimientos y, así, ir relajando las medidas de confinamiento en las próximas semanas.
Hasta ahora, las autoridades están centradas en el uso de datos anonimizados para estadísticas, a fin de controlar los movimientos en las comunidades autónomas. Además, se busca el cruce de datos de operadores móviles de manera agregada, a través del Instituto Nacional de Estadística, para el análisis del flujo de movilidad de la población en los días previos y durante el confinamiento. Con este fin, el Gobierno lanzó el lunes día 6 de abril la aplicación Asistencia COVID-19 aunque, por el momento, es de uso voluntario, y sólo sirve para saber en qué comunidad estamos.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno en las próximas semanas?
Según ha declarado el ministro de Justicia, Juan Carlos Camp, el Gobierno «está estudiando» la posibilidad de extender un sistema de vigilancia para evitar que una persona que ha dado positivo en coronavirus pueda contagiar a otros ciudadanos. Esto supondría ampliar las funcionalidades de la aplicación que la Administración acaba de lanzar. La idea sería emular un control similar al ya aplicado en Corea del Sur, lo que permitiría una progresiva retirada de la cuarentena.
Con esta medida, se argumenta que podría volver a normalizarse la actividad comercial, de fabricación, o mismo el transporte público, sin el riesgo latente de positivos circulando por zonas comunes o de trabajo.
¿Cómo se implantaría la geolocalización?
En España existen, aproximadamente, 53,5 millones de líneas móviles (con una población de 46 millones). Esta posible medida podría pasar por obligar, sino a toda, a un gran parte de los ciudadanos a instalar la aplicación oficial del Gobierno.
La formas de implantación pueden ser diversas, aunque se sopesa que las operadoras envíen un sms con un enlace para descargar la aplicación, tanto desde Google Play, como desde la App Store.
No obstante, no hay que olvidar que algunas comunidades como Madrid (CoronaMadrid), Cataluña (StopCovid19Cat), o el País Vasco (COVID-19.eus), tienen sus propias versiones de la aplicación. Para ello, un primer paso sería la coordinación de los datos que vayan a ser recopilados para que exista un mapa general de movimientos y contagiados.
En esta línea, pues, se trabajando para concienciar a la población de los beneficios de tener instaladas este tipo de apps (siempre oficiales). Aunque, como hemos ido adelantando con anterioridad, la obligatoriedad de tener instalada esta herramienta de salud y geolocalización podría llevar aparejadas multas y controles, tal como sucede en China o Corea del Sur.
¿Cuáles serán los límites para nuestra privacidad?
Llegados a este punto, y atendiendo siempre al interés público que se trata de proteger, como es la salud, habrá que tener en cuenta hasta cuándo debemos tener instalada la aplicación, y cómo se tratarán los datos que se recopilen. Este proyecto será coordinado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
La proporcionalidad será esencial para garantizar los derechos de los ciudadanos. De momento, las aplicaciones oficiales tienen habilitado un sistema de geolocalización voluntaria, además de facilitar algunas recomendaciones médicas, garantizando la anonimización de la información. Ahora bien, los expertos advierten que, en caso de que cambien las circunstancias y se empiece a realizar una geolocalización general para un mayor control, esta medida ha de ir acompañada de test masivos, ya que, sin un diagnóstico real, no se podrá aislar a los positivos (asintomáticos) de forma efectiva.
AsistenciaCOVID-19 será complementaria con DataCOVID, un estudio de movilidad promovido por el Gobierno, y que lleva varias semanas, a través de datos datos de posicionamiento de los dispositivos móviles (anonimizados), analizando el compartamiento de la población en cuestiones de movilidad y asistencia para tratarlos con fines estadísticos, de investigación o de planteamiento de políticas públicas (con una duración máxima de dos años).
El derecho a la vida y la privacidad van, y deben, ir de la mano. El análisis de la información anonimizada puede ser muy útil para establecer zonas de mayor contagio o necesidades médicas. Aún así, hemos de estar atentos y ser conscientes de que, en nombre del interés público, pueden llevarse a cabo iniciativas que vulneren nuestros derechos, por no servir al fin médico que invocan. Desde AYS Innova seguiremos estudiando y contrastando las medidas que se vayan adoptando.
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Legislación vigente en Protección de Datos:
– RGPD [Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)].
– LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales).
