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El aumento del número de denuncias y un posible nuevo marco regular europeo son dos de los principales retos a los que se enfrenta la Agencia Española de Protección de Datos para este próximo año.

La crisis tiene efectos en todos los ámbitos, incluido el de la protección de datos. Sólo así se explica un aumento de aproximadamente un 50% de las reclamaciones presentadas ante la Agencia en 2011, frente a los datos de 2010.
Así lo puso de manifiesto su director, José Luis Rodríguez Álvarez, durante la inauguración de la 4ª Sesión Anual de la Agencia, en la que justificó este incremento debido “sin lugar a dudas a los efectos de la crisis económica, como pone de relieve el alto porcentaje de asuntos relacionados con la inclusión en ficheros comunes de morosidad o con las denuncias por fraude o suplantación”. Pero, como también señaló, existen otros dos campos en los que han aumentado las denuncias: la captación ilegítima de imágenes mediante video vigilancia y un relevante número de denuncias y peticiones de tutela relacionadas con la protección de los datos personales en Internet.
Porque Internet, y en la actualidad, el cloud computing, están creando nuevos retos a los que la protección de datos ha de enfrentarse. Por ello, el pasado 28 de enero, se celebró el Día Europeo de Protección de Datos, con el que se pretende concienciar a la sociedad de la importancia de la privacidad e intimidad en ámbitos tan expuestos como es el de las nuevas tecnologías.

 

Nuevas normas europeas
Pero este año, a las celebraciones de este día, se ha sumado las expectativas levantadas por la remisión a la Comisión Europea de dos nuevas normas en este ámbito, en concreto, una Reglamento General sobre Protección de Datos y una Directiva sobre materias policiales y judiciales.
Dos medidas que, en principio, han sido bien recibidas, por la Agencia Española, dado que “suponen un importante avance para fortalecer la protección de los datos personales de los individuos en el territorio de la Unión Europea”, según manifestó José Luis Rodríguez Álvarez. Pero, además, expresó algunas de las ventajas que, en su opinión, este nuevo régimen aportaría.
Así, en primer lugar, destacó la utilización de la figura del Reglamento, una norma aplicable directamente en toda la Unión con la que “se va a lograr una mayor armonización, superando así las actuales diferencias derivadas de las transposiciones nacionales”. En segundo lugar, también incluye una nueva configuración de las Autoridades de Protección de Datos, que dispondrán en todos los Estados miembros de unos mismos poderes, entre los que se incluye el de imponer sanciones económicas.
Resulta “motivo de especial satisfacción” que se reconozca expresamente la existencia de un derecho al olvido en Internet, así como que este Reglamente prevea su aplicación no sólo a las entidades establecidas en la UE, sino también a aquellas que, no estándolo, traten datos de residentes de la Unión.
Por último, durante la jornada, se destacó el hecho de que las nuevas medidas incorporen mecanismos orientados a reforzar la responsabilidad de quienes realizan tratamientos de datos, algunos de ellos auténticas novedades, como la inclusión de la protección de datos “en el diseño”, o la generalización de las “valoraciones de impacto sobre la privacidad”.

Uso del apercibimiento
Durante la Sesión, también se publicó un primer balance de la aplicación del nuevo régimen sancionador introducido en marzo pasado, con la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, en el que se desvela que desde el 6 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2011 se han dictado 394 resoluciones sancionadoras y 284 apercibimientos. Es decir, que un 58% de las infracciones han terminado en sanciones, frente a un 42 % de los asuntos que acabaron con el apercibimiento. Según el director de la Agencia Española de Protección de Datos, este nuevo régimen sancionador ha favorecido "respuestas más proporcionadas a la gravedad de las conductas infractoras y criterios de modulación más adecuados". Sin embargo, la utilización de la nueva figura ha variado según los diferentes sectores, siendo especialmente trascendente para el supuesto de infracciones de las pymes.